Universitaria Fm. 93.9

La división del país es un riesgo que corremos los bolivianos  

 

El futuro referéndum que requiere el proyecto de Constitución Política del Estado  aprobado el sábado 24  noviembre, por una mayoría de asambleístas oficialistas no podría tener ninguna obediencia de parte de la población, según el jurista Gabriel Peláez,  “No puede haber una Constitución sobre muertos y heridos”.

 

“No creo honestamente que el gobierno de aquí en adelante se anime a seguir el proceso de aprobación”, dijo al recordar los violentos hechos registrados en la Capital de la República durante los días  viernes, sábado y domingo pasado.

 

Lo vivido en la capital constitucional de la República es difícil de asimilarlo para las personas que habitan el lugar  puesto que Sucre es considerada una de las ciudades más tranquilas de Bolivia. 

Hora.-16:20

Hace instantes termino la misa en la catedral metropolitana  en la ciudad de sucre

Donde los caídos en defensa de la democracia y la capitalidad  son llevados  hacia su última morada.

 

Instituciones, universitarios, familiares y población chuquisaqueña  acompañan a Gonzalo duran y Juan Carlos serrudo  al cementerio general, en medio de banderas  bolivianas y  chuquisaqueñas, los mártires de la democracia   son llevados por toda la población  las cuales lloran la perdida de  estas persona que han entregado sus vidas por defender la libertad en Bolivia

 

Hora.-16:20

Hace instantes termino la misa en la catedral metropolitana  en la ciudad de sucre

Donde los caídos en defensa de la democracia y la capitalidad  son llevados  hacia su última morada.

 

Instituciones, universitarios, familiares y población chuquisaqueña  acompañan a Gonzalo duran y Juan Carlos serrudo  al cementerio general, en medio de banderas  bolivianas y  chuquisaqueñas, los mártires de la democracia   son llevados por toda la población  las cuales lloran la perdida de  estas persona que han entregado sus vidas por defender la libertad en Bolivia

 

 

Sucre / La Prensa.- El presidente Evo Morales aseguró ayer que la Policía no tenía órdenes de disparar armas de fuego contra los manifestantes en Sucre; sin embargo, el fiscal general de la República, Mario Uribe, acusó al director nacional de Operaciones de la Policía, Jorge Espinoza, y al comandante de Chuquisaca, José Galván, por las muertes de Gonzalo Durán Carrazana y de Juan Carlos René Murillo, quienes fallecieron por impactos de bala. El Comité Interinstitucional chuquisaqueño solicitará además un juicio de responsabilidades contra el presidente Evo Morales y algunos de sus colaboradores.

Durán Carazani (29) pereció el sábado en la zona de El Tejar luego de los violentos choques entre manifestantes y la fuerza pública, y Murillo (23) falleció en la mañana de ayer tras recibir un disparo en la espalda.

“Lamentamos mucho que haya corrido sangre. Jamás he instruido usar armas de fuego. Somos de la cultura de la vida”, sostuvo ayer el Jefe de Estado en un discurso a la nación. Por eso, el Primer Mandatario declaró que se ordenó “una investigación urgente e imparcial” para hallar a los autores de los hechos.

El vicepresidente Álvaro García Linera ratificó que no había instrucción de disparar y agregó, en el programa televisivo Doble Sentido de Amalia Pando, por Canal 7, que el informe del forense reveló que el proyectil que mató a Durán es de un calibre atípico (24 ó 37). El ministro Juan Ramón Quintana dijo que la bala no es del tipo que utilizan los militares ni la Policía.

Uribe informó que presentó personalmente la acusación formal por considerar que “existen suficientes indicios” para iniciar el proceso penal contra ambos oficiales, demandados además por las heridas causadas a unas 300 personas en las acciones policiales al intentar controlar las protestas en la capital.

El Fiscal General de la República adelantó que en las próximas horas serán emitidos los mandamientos de aprehensión para que Espinoza y Galván presten sus declaraciones informativas.

“La acusación está presentada por los delitos de homicidio, y lesiones graves y gravísimas”, indicó Uribe y explicó que ya fue conformado el equipo de fiscales a cargo del caso.

Acción policial confusa

El comandante nacional de la Policía, general Miguel Vásquez, aseguró que ayer no se reprimió a la multitud. “Había la orden de no reaccionar, porque no queremos provocar violencia, ése ha sido el espíritu del nuevo mando institucional”. No obstante, noticieros de televisión mostraron a policías de civil actuando contra marchistas. También se observó que efectivos reprimieron a periodistas.

Éstas no son las únicas situaciones que no están claras. El sábado, cinco francotiradores con uniformes camuflados se apostaron en El Tejar y efectuaron disparos disuasivos en la madrugada para evitar que los marchistas llegaran hasta el Liceo Militar. Jefes castrenses y policiales declararon no conocer esa situación.

Vásquez denunció que los policías que llegaron de La Paz a Sucre para reforzar el control fueron discriminados. “Nos han agredido, nos han humillado, nos han vejado por el solo hecho de ser paceños ¿Es delito ser colla? ¿Es delito vestir un uniforme de la patria siendo de origen humilde?”.

Pruebas

Uribe indicó que la bala que mató a Durán, quien era abogado, está en el Ministerio Público; aunque evitó precisar el tipo de calibre o si es de uso militar o policial.

Como parte de las pruebas, agregó que se adjuntará el examen que los médicos del Instituto de Investigaciones Forenses de Sucre realizaron al cuerpo de Durán.

El proceso puede extenderse a mandos de la Policía; al prefecto de Chuquisaca, David Sánchez; al comandante del Liceo Militar, teniente coronel David Tordoya, y al ministro de Gobierno, Alfredo Rada.

Juicio de responsabilidades

Además del proceso iniciado por la Fiscalía, ayer se conoció que el Comité Interinstitucional aguardará a que retorne la normalidad a Sucre para analizar si inicia un juicio de responsabilidades contra Morales; el vicepresidente García Linera; el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, y contra la titular de la Asamblea, Silvia Lazarte.

El asesor jurídico del Comité, Germán Gutiérrez, afirmó que esas autoridades son las responsables por la violencia desatada desde el viernes, cuando la Constituyente reanudó, en el Liceo Militar, sus sesiones, con 145 asambleístas (de los 255) del Movimiento Al Socialismo (MAS) y de sus aliados políticos y disidentes de la oposición.

La demanda contra los personeros será por incumplimiento de deberes, masacre sangrienta, asesinato, lesiones gravísimas y lesiones graves.

En caso de oficializarse el proceso, será el segundo juicio de responsabilidades que afronte el Mandatario. El 12 de noviembre, el diputado de Unidad Nacional Arturo Murillo presentó un memorial ante la Fiscalía en el que planteó un proceso contra el Jefe de Estado y los ministros de Defensa, Walker San Miguel; de Gobierno, Alfredo Rada, y de Educación, Magdalena Cajías, por la muerte de un estudiante normalista en Arani (Cochabamba), en septiembre, luego de la represión policial en esa zona.
Lo que dicen las normas

El Código Penal, en su artículo 251, establece que el delito de homicidio tiene una sanción con presidio de cinco a 20 años.

En tanto, el artículo 205 del Código Penal Militar señala que “el militar que estando en acto de servicio o con ocasión de él cometa homicidio, sufrirá prisión de uno a 10 años, salvo causas de justificación”.

Según la Fiscalía General de la República, los jefes policiales instruyeron una violenta represión contra la población de Sucre.

En Bolivia, cuando los dignatarios de Estado, como el Presidente, los ministros y los prefectos cometen delitos en el ejercicio de sus funciones no son juzgados de la misma manera que todos los ciudadanos. Ellos deben someterse a lo que se denomina como juicio de responsabilidades.

Esta determinación se avala en la Ley 2445 aprobada el 13 de Marzo de 2003, durante el segundo Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.

 

Con los tres fallecidos este fin de semana en la ciudad de Sucre en enfrentamientos entre la policía y manifestantes, encabezados por universitarios, ascienden al menos a 27 los muertos en los 22 meses de gestión del presidente de Bolivia, Evo Morales, durante protestas sociales.

Uno de los fallecidos en Sucre, que era policía, fue linchado por una turba esta madrugada, informaron a Efe fuentes oficiales, y los otros eran jóvenes que fallecieron uno el sábado y otro hoy, según portavoces del hospital Santa Bárbara.
Los choques se produjeron cerca del cuartel donde, el sábado por la noche, el oficialismo aprobó el proyecto de nueva constitución de Morales, sin ningún representante de la oposición. El primer fallecido durante la gestión de Morales, que asumió el poder el 22 de enero de 2006, se produjo el 9 de junio de ese año, cuando un joven policía murió por hemorragia causada por un balín de goma en la ciudad andina de Oruro, durante el desalojo de manifestantes que ocuparon ilegalmente varios predios. El 29 de septiembre, dos campesinos cocaleros perecieron en un choque con fuerzas del Ejército y la Policía en la zona central del Chapare.

Los campesinos murieron por disparos de la patrulla militar que protegía a una brigada policial de erradicación de plantaciones de coca, que respondió a una emboscada de personas vinculadas al narcotráfico.

Apenas una semana después, el 6 de octubre, tuvo lugar el hecho más grave ocurrido hasta el momento, ya que un enfrentamiento armado por el control del yacimiento andino de Huanuni entre mineros estatales y cooperativistas, aliados ambos en ese momento al Gobierno de Morales, causó 16 muertos.

El 13 de noviembre, también en la región andina de Oruro, falleció un policía que había resultado herido por la explosión de una carga de dinamita colocada en sus ropas durante una manifestación de mineros. Ya en 2007, el 11 de enero, en la ciudad central de Cochambamba, dos personas murieron en enfrentamientos entre campesinos afines a Morales y partidarios del (prefecto) gobernador regional, el opositor Manfred Reyes Villa.

Una tercera persona, que resultó herida grave en esos choques, falleció semanas después.

También en Cochabamba, en un área rural, el 28 de septiembre falleció un joven de 22 años por herida de bala tras los enfrentamientos entre el Ejército y la Policía con manifestantes que querían ocupar una estación petrolera. El presidente Morales, que encabezó muchas movilizaciones cuando era dirigente sindical, prometió que durante su gestión no habría muertos.

La Patria - Oruro